Dom. Jun 26th, 2022


El órgano también informó que se violó la presunción de inocencia de Brewer Carías, a raíz de las declaraciones públicas del fallecido Hugo Chávez y la publicación de un libro del entonces fiscal general que afirmaba que Brewer Carías había participado en la redacción de un decreto contra el gobierno.

En este sentido, Gómez indicó que “las autoridades judiciales deben poder trabajar de manera independiente y libre de injerencias o influencias indebidas por parte de los organismos ejecutivos”.

Tras las conclusiones, el Comité de Naciones Unidas pidió a Venezuela que declare la nulidad del proceso penal contra Brewer Carías y que se le conceda una indemnización «adecuada», además de adoptar medidas para “evitar que se repitieran estas violaciones”.

El caso

Brewer Carías fue procesado en 2005, con cargos de presunta participación en la elaboración del llamado ‘Decreto Carmona’, que ordenaba el establecimiento de un gobierno de transición tras un golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, en el que el fallecido presidente Hugo Chávez fue destituido por un lapso de 47 horas.

El jurista contó que en la madrugada del 12 de abril de 2002 recibió una llamada de Pedro Carmona Estanga, el líder de la oposición, que le pidió su opinión jurídica urgente. Tras esto, Brewer Carías aseguró que fue llevado al complejo militar de Fuerte Tiuna, en Caracas, donde le mostraron el proyecto de decreto, con el que estaba en total desacuerdo y en la redacción del cual no participó, según recoge un comunicado emitido por Naciones Unidas.

En 2005, Brewer Carías fue acusado de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos” por su papel en la “discusión, preparación, redacción y presentación” del ‘Decreto Carmona’ y durante el proceso penal de los meses siguientes. Brewer Carías asegura que todos los fiscales y jueces implicados en su caso fueron nombrados temporalmente por el gobierno.

Los jueces que dictaron sentencias favorables al jurista en este caso, resultaron suspendidos.

Brewer Carías salió de Venezuela hacia Estados Unidos en septiembre de 2005 y en junio de 2006 el juez de control provisional ordenó su detención preventiva.

Tras repetidos intentos, que no prosperaron, de impugnar su acusación, el jurista anunció que no regresaría a Venezuela hasta que se le garantizara su derecho al debido proceso y llevó su denuncia al Comité de Derechos Humanos de la ONU en diciembre de 2016.





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