Jue. Jun 23rd, 2022


Según el análisis de coyuntura de la firma Carpe Diem “aunque el revocatorio de mandato no figura en este momento como opción para los principales polos políticos del país, este evento pudiese convertirse en un punto intermedio entre la negativa del chavismo de adelantar la elección presidencial del año 2024 y la exigencia de la oposición y de sus principales aliados internacionales en que se realice esta elección a la brevedad posible”.

Los analistas de la firma advierten que esta posibilidad requiere que la oposición y la comunidad internacional reconozcan de alguna manera la legitimidad de Maduro, aunque fuese de forma indirecta. “Políticamente -se lee en el más reciente informe de la firma- no hay forma de hacer un revocatorio sin reconocer al revocable, y sin negociar las condiciones del proceso”.

No obstante, el debate legal sobre el revocatorio queda en segundo plano en medio de la discusión política y el sentir de los ciudadanos.

Según el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Benigno Alarcón el revocatorio es un tema que tiene casi 80% de aprobación entre los ciudadanos y que va a mover a muchos ciudadanos. «La demanda del revocatorio es altísima explicó Alarcón en el foro Perspectivas 2022- por lo tanto, habrá gente en ese mercado, promoviendo ese bien, independientemente de su factibilidad (…) El tema del referendo revocatorio dividirá a la oposición, los que estén en contra vociferan menos, porque es muy popular, pero trabajarán tras bastidores para que eso no se concrete”.

Vía para resolver la crisis, pero inviable sin acuerdo

Según los promotores de este nuevo referendo revocatorio a Maduro “la Constituyente de 1999 confirió al referendo revocatorio la connotación de vía para resolver crisis políticas, al señalar que es un referendo que debe utilizarse para resolver crisis políticas que sucedan en el Estado y en la sociedad (…) Por lo anterior, al resultar necesaria, válida y constitucional, la activación de la figura del referendo revocatorio presidencial en los términos previsto en el artículo 72 de la constitución, con miras a encauzar la normal gobernabilidad del país, la pluralidad democrática y alternancia en el ejercicio del poder, como bases de la democracia constitucional que debe regir en Venezuela”.

En 2016 la oposición venezolana intentó promover un referendo revocatorio en contra de Maduro, pero la iniciativa fue paralizada por cinco tribunales penales estatales bajo el argumento que la oposición había cometido un fraude en la recolección de firmas al usurpar la identidad de quienes avalan la convocatoria de la consulta popular.

No obstante, los propulsores de la idea no le ven de esta manera. En conversaciones con los medios de comunicación Nicmers Evans explica las dudas sobre el reconocimiento de la siguiente manera: Exactamente en el mismo escenario en el cual Guaidó se va sentar a negociar con Maduro. ¿Quién tiene el poder? Nosotros no estamos haciendo nada distinto a cómo se interpreta cotidianamente quien tiene el poder, de facto quien es el presidente. Eso no implica el reconocimiento de la legitimidad, sino el reconocimiento del poder (…) Pongo un ejemplo, las personas que pagan la luz ¿ante quién lo hacen? ¿Por pagarle la luz a Maduro lo estás reconociendo como legítimo? Cada uno de nosotros paga sus servicios, sino te los cortan. ¿Y a quién se le está pagando? A la institucionalidad de Maduro, pero no por eso esas acciones reconocen su legitimidad como mandatario, solo reconoces que quien tiene poder es él.

Inviabilidad técnica

Más allá del debate sobre la legitimidad de Maduro y la fecha de su toma de posesión, el revocatorio es, en este momento, una opción técnica y política muy compleja de concretar.

Los analistas de la firma Carpe Diem explican que solicitar un revocatorio sin intermediación de la comunidad internacional y sin previamente exigir la reforma de las “Normas para regular la promoción y solicitud de referendos revocatorios de mandatos de cargos de elección popular” aprobadas en 2007 y reinterpretadas por el CNE en 2016 pueden convertir a esta petición en un riesgo tremendo”.

En el informe se relata que si el CNE admitiera la petición presentada por los promotores de Mover (Movimiento Venezolano por el Revocatorio), éstos deben tener capacidad de organizar una recolección de firmas y huellas dactilares que equivalga al 1% del Registro Electoral. Sin embargo, para ser efectiva esta recolección de firmas debe cumplir una doble condición: se deben presentar firmas equivalentes al 1% de todos los electores inscritos en el padrón de votantes y adicionalmente cumplir con el requisito de presentar firmas que equivalga al 1% de los electores de cada uno de los 23 estados del país”.

La firma advierte que esta recolección no es para activar el revocatorio. Esta recolección es para autorizar la constitución del Movimiento Venezolano por el Revocatorio y autorizarlo a solicitar el revocatorio.

Esta modalidad no se utilizó en 2004, pero sí en 2016 y su implementación fue traumática para los solicitantes encabezados en ese momento por Henrique Capriles Radonski.

Según el CNE el Registro Electoral está conformado por 21.070.528 personas. Es decir, deben entregarse 210.070 firmas y huellas (que deben ser revisadas y cotejadas por el CNE y sometidas a un proceso de impugnación pública) para que se apruebe la conformación de la agrupación de ciudadanos MOVER y se le autorice a solicitar el revocatorio. ¿Qué ocurre si se obtienen las 210.000 firmas en todo el país, pero no se alcanza el 1% en algún estado? Según la interpretación que realizan los rectores de la normativa, redactada en el año 2007, es necesario que en todos los estados se presenten al menos 1% de las firmas de los electores. En el caso hipotético de que la oposición recolectara 210.000 firmas entre 22 estados, pero no logre alcanzar el mínimo en alguna entidad, el organismo comicial considerará como incompleto el trámite de conformación de la agrupación de ciudadanos y, por lo tanto, invalidará la convocatoria a un referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro.

La firma Carpe Diem explica que “según la interpretación del CNE solo se puede solicitar una petición de revocatorio contra cualquier funcionario.

Si se supera este trámite se debe realizar la recolección del 20% de firmas que establece el artículo 72 de la Constitución. En este momento se necesitarán presentar 4.214.106 firmas en todo el país para activar el revocatorio como ocurrió en 2004 (…) Sin embargo, la reinterpretación de las normas que hizo el CNE en 2016 plantea otro escenario. Es necesario recolectar 20% de huellas y firmas en todo el país, y adicionalmente que esta recolección equivalga al 20% de cada estado. Es decir, si en algún estado no se logran firmas equivalentes a 20% de los electores de esa entidad, el proceso sería invalidado, aunque el total nacional de firmas sea igual o superior a lo requerido en el artículo 72 de la Constitución”.

Por último, y no menos complejo, si se logra cumplir con el requisito de la segunda recolección de firmas aún debe votarse. En el referendo revocatorio es necesario que, al menos, 6.245.863 personas voten para revocar a Maduro y que la cantidad de personas que voten por su permanencia no sea superior al total que quiere revocar.

En caso de que esto llegase a ocurrir, el reemplazo temporal de Maduro le corresponde a quien ocupe la vicepresidencia ejecutiva de la República al momento de la revocatorio. Si el revocatorio ocurriera en este momento le tocaría ser presidenta (E) a Delcy Rodríguez hasta que el CNE organice una elección presidencial sobrevenida para escoger a la persona que debe culminar el período de Maduro. Si todo este proceso ocurre después del 10 de enero de 2023 entonces le corresponderá a Delcy Rodríguez -o a quien ocupe la vicepresidencia de la República en ese momento- ocupar el cargo hasta el 10 de enero de 2024.





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