Sáb. Jun 25th, 2022


Si a Rebeca, madre de tres hijos, cuando llegó hace siete años a EEUU junto a su pareja buscando un futuro mejor, le hubiesen dicho que iba a terminar en un albergue refugiada con sus pequeños, tras sufrir maltratos físicos y psicológicos de su marido, ella lo hubiera negado con rotundidad. Nunca se imaginó que el hombre de su vida se convirtiera en un tirano e intentara a través de la violencia convertirla en su propiedad, “sin poder opinar, sin poder ser independiente, sin poder estar en desacuerdo”. Tras debatir entre aceptar el maltrato o irse a la calle sola con sus hijos, se decidió por lo segundo y con tan buena suerte que fue acogida en un programa de ayuda a víctimas de violencia doméstica por orden de un juez.

Rebeca, no es su nombre real, considera que las ayudas recibidas forman parte del suplicio que lleva sufriendo más de tres años. Ya no teme a que alguien le golpee o le imponga sus criterios, ahora está en un lugar donde todos los días le refuerzan que ella es una víctima, sin poder sanar la herida abierta. Juicios donde tienes que sentarte al lado de tu victimario, terapias familiares donde tienes que volverlo a ver, manutención de los niños que acentúan tu dependencia de él, abogados y guardianes… “También quiero salir de aquí y no puedo. Es triste ver a tantas madres solas pasando por esta situación con la fortaleza para sacar adelante a sus hijos sin caer en un vicio o en una depresión”.

No puede salir porque los propietarios de vivienda no quieren aceptar plan ocho. “Este programa financia de 1.500 a 1.600 dólares por dos cuartos y un baño, pero el precio de los alquileres actualmente es de 2.000 en adelante. Es exageradamente caro para una madre sola con dos hijos. Debería tener dos o tres trabajos y mis hijos criarse solos”.

Otro duro testimonio

Rebeca no es el único caso, también conversamos con Sofía, tampoco es su nombre real, que es madre de dos hijos y víctima de violencia doméstica. Lo que hace más doloroso su caso es que ella y sus hijos tienen condición de autismo. Ella en concreto tiene síndrome de Asperger, un padecimiento que le impide adaptarse a cambios abruptos. En la larga conversación con Sofía, además de contarnos los maltratos que sufrió de manos de su exmarido, nos habló de algunos fallos que, según ella, tienen los programas de apoyo a las víctimas de violencia doméstica.

“Desde que llamas a la policía, notas que el sistema está dañado. No existen los métodos correctos para salvarte. No sé cuántas palizas recibí a punto de morir, por lo que tengo epilepsia focal, sin embargo, era su palabra contra la mía”, recuerda el sufrimiento que tuvo que soportar hasta lograr entrar en el sistema de protección de mujeres a través del Departamento de Niños y Familias.

Según cuenta, dentro de este recinto tampoco estuvo a salvo. Se enfermó debido al moho existente en las paredes. También enfermaron sus hijos. “Yo acepté estar ahí porque no tenía dónde ir. Si estás en la calle te van a matar”. Asegura que dentro del centro sufrió un acto de violencia de uno de los adolescentes que ahí convivían -algo que aún se está investigando-. Solicitó ayuda para salir del refugio, pero, al verse hospitalizada por una enfermedad respiratoria, decidió retirar la denuncia a su expareja. “Yo me decía, si no puedes contra el diablo, únete a él”. Se sometió por un tiempo a su martirizador, por ella y por sus hijos. Pero afortunadamente, le llegó la ayuda del programa Emergency Solution Grant. Le garantizaban vivienda para ella y sus hijos por un año, financiándola con 2.154 dólares al mes. Veía una luz al final del túnel.

“Al firmar el contrato de vivienda, me informaron de que no había fondos suficientes, que solamente podría permanecer durante seis meses”. Eso fue en noviembre, sin embargo, el día 28 de febrero, le llamaron de la oficina de In Trasition -el programa que las atiende- para comunicarle que, a partir de marzo, tenía que ocuparse de la totalidad de la renta. “Me quedé en shock, no me dieron ni un día, a partir de mañana estoy en la calle”. Sofía llamó a su familia, que vive en otro país, y ellos fueron quienes la calmaron. Su madre le explicó que un programa federal no se puede acabar de un día para otro. “Por ello envié un email dejando documentado ese aviso sobre la fecha límite de la ayuda y nunca obtuve respuesta”.

Sofía además se había quejado ante la agencia que le atiende porque, según ella, nunca le entregan los cheques a primero de mes. “Todos los meses estoy pagando 119 dólares de retraso, por encima del alquiler”.

A la pregunta de cuál es el próximo paso, contestó: “tengo un mes y medio para descifrar qué voy a hacer”. Esta madre con autismo, imposibilitada de trabajar, cuya afección hace resistencia a los cambios, se ve obligada nuevamente a dar un giro drástico en su vida.

Las instituciones

Por otro lado, tratamos de conversar con Ivón Mesa, directora del Centro de Ayuda Coordinada para las Víctimas de Violencia de Miami-Dade, pero no nos fue posible, ya que según nos dijo la propia Mesa, quien coordina el trabajo de varias agencias sin fines de lucro que asisten a las víctimas, estaba esperando una autorización del Condado para poder hablar con la prensa. No obstante, sí pudimos entrevistar a Susan Rubio Rivera, quien dirige la agencia MUJER Inc. en Homestead [www.mujerfla.org], especializada en ayudar a víctimas de violencia doméstica y sexual para asistirlas en la búsqueda de albergues y alquileres.

“Nosotros hemos calificado a siete familias y no hemos podido encontrar viviendas que ellas puedan pagar después”, sostuvo Rubio, enfatizando que la meta del programa es que las víctimas tengan la capacidad de pagar el lugar que se les encuentra, una vez retiradas las ayudas.

“A estas siete familias no les hemos podido encontrar un apartamento al sur de Miami-Dade que valga menos de 2.000 dólares”.

Soluciones

Sobre las gestiones que están realizando para solucionar esta situación, Rubio indicó: “Estamos hablando con el Condado. Ahora no hay recursos. Yo he preguntado si existe algún tipo de asistencia de emergencia. Sin embargo, Ivón [Mesa] me envió un email donde dice que no tenían fondos para las víctimas de violencia doméstica”. Rubio afirmó que tampoco ha tenido éxito con el programa de Sección Ocho con otras familias.

Asimismo, comisionados de Miami-Dade, como Kionne L McGhee, quieren poner algún control al alza en los precios de la renta. Por su parte, la comisionada Eileen Higgins, por el distrito 5, ha propuesto una normativa que obligue a los propietarios a dar un preaviso de 60 días antes de poder subir el alquiler un 5% o más, o de un desalojo.

“Sé que no va a solucionar el problema de los propietarios codiciosos, pero le damos tiempo a nuestra población vulnerable para prepararse y mudarse a donde sea necesario”, afirmó Higgins.

La comisionada sostuvo que la solución al problema de los precios de la renta pasa por construir nuevas viviendas asequibles y que se están llevando a cabo algunos proyectos como el que se encuentra en Robert King High Towers, en su distrito, donde “en dos años más vamos a tener 2.500 unidades asequibles”.

Realmente el tema es inabarcable en tan poco espacio. Nuestra intención es llamar la atención sobre un tema que está golpeando a los más vulnerables de nuestra comunidad y la urgencia de respuestas. Tal vez, Rebeca y Sofía puedan soportar mientras se materializan las soluciones.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce





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