Mar. Jun 21st, 2022


Con respecto a los menores de edad, el dictador de Cuba manifestó que «es mentira que haya alguien preso por debajo de 16 años» y consideró que las condenas a jóvenes de 16 y 17 años se han realizado con «suma racionalidad judicial».

Ello, a pesar de que solamente en los juicios por las protestas en la Esquina de Toyo y La Guinera, en La Habana, el 11 y 12 de julio, respectivamente, el menor de 17 años Brandon Luis Becerra, quien cumplió los 18 en prisión y tenía una petición fiscal de cinco años de cárcel sin internamiento, le impusieron 13 años.

Asimismo, a Walnier Ruiz Aguilar, cuya familia ha denunciado que padece una discapacidad intelectual, le impusieron 23 años de prisión.

La iniciativa Justicia 11J documentó que en este proceso, en el que los tribunales determinaron 128 culpables y 1.906 años de cárcel en total para ellos, siete menores de 18 años fueron sancionados a entre siete y 19 años de privación de libertad.

Aparte del caso de Becerra, está el de Kendry Miranda Cárdenas, condenado a 19 años de prisión; Rowland Jesús Castillo Castro, a 18 años; Lázaro Noel Urgellés Fajardo, a 14; Brayan Piloto Pupo, a diez años; Giuseppe Belaunzarán Guada, a diez; y Emiyoslan Román Rodríguez, a siete años. Jonathan Torres Farrat, que cumplió 17 años el mismo día 11 de julio, está en espera de juicio con una petición fiscal de ocho años.

Además, están los casos de Eric Yoangel Héctor Plaza, de 13 años, y Maikel Michel Miranda Vega, de 12, incorporados al listado de Justicia 11J en la categoría «Confidencial». Ambos, según testimonios recogidos por los activistas que documentan estos casos, fueron usados para intentar incriminar a una tercera persona. Acabaron internados en uno de los mencionados centros de «corrección de la conducta» por un año. En una supuesta «confesión», dijeron haber tirado piedras a un hospital.

«Estos menores, que nunca tuvieron derecho a una defensa, están internados desde julio en la Escuela de Formación Integral (EFI) de la ciudad de Matanzas, acusados de apedrear el hospital Julio M. Aristegui, algo que varios residentes en la zona y trabajadores del hospital han desmentido que sucediese», dijo la activista Salomé García Bacallao.

El régimen niega que los centros de educación correccional sean prisiones. El diario oficial Granma los calificó como «instituciones educativas de tránsito, semejantes a las escuelas de la enseñanza general, solo que en las EFI entran los estudiantes que tienen necesidades educativas especiales para brindarles tratamiento, formarlos y reintegrarlos a la sociedad».

Según la Fiscalía General de la República, 790 personas han sido procesadas por las protestas del 11J, de los que 55 tienen entre 16 y 17 años. La edad mínima penal en Cuba son los 16.

De acuerdo con esa entidad, se les aplicó «el procedimiento legal establecido» a 27 niños de menos de 16 años. Diez fueron internados en Escuelas de Formación Integral y de conducta, dirigidas por el Ministerio del Interior, y a 17 se les aplicó «la medida de atención individualizada» en su propia escuela.

Díaz-Canel consideró asimismo que «los juicios se han llevado a cabo con pleno respeto a la ley, con todas las garantías y con total limpieza y transparencia». Ello, frente a las críticas de que en los procesos no se está siguiendo el debido proceso.

Agregó además que solo se ha actuado penalmente contra «una mínima cantidad» de los manifestantes del 11J.

Como es habitual en las autoridades cubanas, el gobernante denunció la «hipocresía» y el «doble rasero» de Estados Unidos en su valoración de estas protestas y lo calificó como un intento de «golpe blando» orquestado desde Washington.

Señaló que el «bloqueo recrudecido» de Estados Unidos sobre Cuba «genera tensiones extraordinarias, sobre todo en medio del esfuerzo del país para enfrentar la pandemia».

Las sanciones del embargo de Estados Unidos contra La Habana, destacó, tienen «consecuencias sociales» y refirió problemas con los combustibles, las remesas, el comercio exterior y el acceso a financiamiento.

No obstante, evitó referirse a la actual ola migratoria, una de las peores de la Historia en Cuba, y a la feroz represión desatada por el régimen tras el 11J. Por esa causa, la Isla tiene hoy 1.027 presos políticos, la mayoría de ellos encarcelados por manifestarse el 11J, según las cifras de la ONG Cuban Prisoners Defenders.





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